Viernes, 22 de abril de 2011
En el marco del reciente Congreso sobre DSI que tuvo lugar en la Santa Sede, se destaca la clase magistral del profesor chileno Pedro Morand?
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La Pol?tica en la Doctrina Social de la Iglesia
La Pol?tica en la Doctrina Social de la Iglesia
CIUDAD DEL VATICANO


Publicamos la relaci?n que pronunci? el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Cat?lica de Santiago de Chile, Pedro Morand? Court, en el seminario internacional "La pol?tica, forma exigente de caridad", convocado en Roma por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. La pol?tica en la doctrina social de la Iglesia


Introducci?n

El tema asignado a esta exposici?n est? magistralmente recogido y resumido en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), tanto en la secci?n que explica los principios generales de la ense?anza social, cuanto en el cap?tulo destinado al an?lisis de la comunidad pol?tica. En la imposibilidad de abordar en breves minutos el conjunto de todos sus elementos, quisiera llamar la atenci?n solamente sobre algunos aspectos que parecen especialmente relevantes de esta ense?anza en el contexto del proceso de globalizaci?n en curso, a saber, el papel de la sociedad civil y del Estado, la relaci?n entre el orden jur?dico y el orden pol?tico y la influencia creciente de los medios de comunicaci?n de masas en la constituci?n del espacio p?blico.

Pero antes de referirme a ellos quisiera se?alar, a modo introductorio, que la pol?tica est? al servicio del bien com?n de la sociedad, es decir, debe ayudar a garantizar "el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro m?s pleno y m?s f?cil de la propia perfecci?n" (GS n.26). La Iglesia ense?a que el ser humano es por su propia naturaleza un ser social, cuya vocaci?n es participar de la comuni?n con Dios y en Dios, que se ha revelado intr?nsecamente como una comuni?n de personas, como tambi?n, participar de la comuni?n con los dem?s seres humanos que han sido llamados a id?ntica vocaci?n. Por ello, la perfecci?n del ser humano no representa solamente un bien individual, del cual cada persona es responsable, sino tambi?n un bien para todas las comunidades en que ?l participa, las cuales se hacen as? co-responsables del bien compartido. El bien com?n de las personas, de las sociedades intermedias y de la sociedad en su conjunto tiene as? tanto una dimensi?n transitiva como una intransitiva. Por la primera, procura garantizar el bien personal de cada uno de los seres humanos ayud?ndoles a su perfecci?n. Por la segunda, valora en s? misma esta sociabilidad que hace posible a los seres humanos vivir en la verdad y en la caridad, es decir, en comuni?n.

Por ello, al cuidado y responsabilidad colectiva sobre el bien com?n le ha llamado tambi?n el magisterio "justicia social", en el doble sentido de dar a cada uno lo que le es debido en justicia, como tambi?n, velar para que el v?nculo de sociabilidad entre las personas sea en s? mismo justo y digno de ellas. El bien com?n no es, en consecuencia, un producto o agregaci?n de valor, una suerte de sumatoria de bienes privados, o de bienes p?blicos de "inter?s general", sino un bien que s?lo existe en cuanto compartido y que no puede ser apropiado o distribuido privadamente sin que en ese mismo acto se destruya. As? puede entenderse la ense?a del Papa Benedicto XVI cuando afirma que "el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la pol?tica". Y agrega: "La justicia es el objeto y, por tanto, tambi?n la medida intr?nseca de toda pol?tica. La pol?tica es m?s que una simple t?cnica para determinar los ordenamientos p?blicos: su origen y su meta est?n precisamente en la justicia, y ?sta es de naturaleza ?tica" (DCE n.28 a).

Una visi?n de este tipo hace inmediatamente comprensible tambi?n otros dos principios tradicionales de la DSI: la solidaridad y la subsidiariedad. Dice el Compendio de la DSI que "la solidaridad confiere particular relieve a la intr?nseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino com?n de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez m?s convencida" (n. 192). Y m?s adelante agrega: "El t?rmino solidaridad expresa en s?ntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los v?nculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre s?, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento com?n, compartido por todos" (n. 194). Un orden justo s?lo puede ser solidario en los t?rminos antes descritos.

Pero por otra parte, este espacio social ofrecido a la libertad humana no puede desconocer que cada persona humana es una unidad sustancial, un fin en s? misma, y que participa de la sociedad de diversos modos y a trav?s de distintas asociaciones, algunas de las cuales pueden ser circunstanciales u orientadas al logro de un prop?sito espec?fico, como las sociedades comerciales, por ejemplo, pero otras, sin embargo, ser portadoras del bien compartido de una sociabilidad intr?nsecamente justa, como el matrimonio, la familia, la escuela o la comunidad religiosa, por ejemplo, que exigen ser reconocidas en su naturaleza y autonom?a, con la autoridad necesaria para gobernar su propio destino y decidir sobre aquello que le conviene. Este reconocimiento es la esencia del principio de subsidiariedad, que pide respetar el protagonismo propio de la libertad de las personas y de las asociaciones en que ellas se han involucrado de tal manera que, su pertenencia a ellas, pone en juego la vocaci?n a la comuni?n en algunos de sus aspectos esenciales. La tarea fundamental de la justicia social, a este respecto, es armonizar la vida y la acci?n de estos diversos tipos de grupos en que las personas se involucran, sabiendo distinguir entre aquellos cuyos bienes son de apropiaci?n privada de aquellos que representan un bien en s? mismo y que s?lo puede existir por la sociabilidad compartida. Como bien precisa la frase ya citada del Papa, el orden justo que compete a la actividad pol?tica no s?lo se refiere al Estado, sino tambi?n a la sociedad misma.

Pues bien, con estas breves precisiones introductorias paso a referirme a los tres temas mencionados al inicio.

Sociedad civil y Estado

Suele entenderse la pol?tica en la actualidad como aquella actividad que compete a los ?rganos del Estado, particularmente al poder constituyente y legislativo, por una parte, y a los ?rganos de gobierno, por otra. Como en el contexto de sociedades democr?ticas o en v?as de democratizaci?n tales ?rganos contemplan la elecci?n popular de sus integrantes, la preocupaci?n pol?tica se extiende a los partidos pol?ticos y a los sistemas electorales en que ellos est?n involucrados, al financiamiento de las campa?as y a la libertad de prensa y de expresi?n que dan legitimidad al conjunto del procedimiento. Dado que el elector es individual y las decisiones pol?ticas son vinculantes para todos, se suele conceptualizar la vida pol?tica como la relaci?n entre el individuo y el Estado, como si entre ambos no existiese ninguna mediaci?n intermedia, distinta a la que representan los propios partidos pol?ticos como formas de canalizaci?n de las preferencias de la poblaci?n hacia los diferentes candidatos en competencia. Por razones que no es del caso analizar aqu?, los grupos que forman la sociedad civil no son considerados actores pol?ticos importantes y se los sit?a antes en la esfera privada que en la p?blica.

Esta preponderancia de una visi?n simult?neamente estatista e individualista sobre la pol?tica surge de la idea de que la soberan?a, aunque reside gen?ricamente en la naci?n o, si el concepto se considera ya obsoleto, en los electores, se transfiere a los ?rganos del Estado de tal suerte que, una vez elegidos los titulares de las diversas funciones, ellos ejercen una suerte de monopolio del poder sobre el espacio p?blico, con los contrabalances y equilibrios que las constituciones disponen y, desde la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos de 1948, con respeto y sujeci?n a los derechos personales reconocidos por el ordenamiento jur?dico. Sin embargo, podr?a afirmarse que fue justamente contra esta concepci?n de la soberan?a que surgi? la Doctrina Social de la Iglesia. Como sostiene brillantemente Russel Hittinger, ella no nace tanto de la compasi?n que despert? la situaci?n de los trabajadores como resultado de la industrializaci?n y del conflicto correspondiente entre capital y trabajo, sino m?s bien de la necesidad de la Iglesia de defender sus asociaciones y, particularmente, sus escuelas, de la pretensi?n del Estado de ser la ?nica persona jur?dica de derecho p?blico, considerando a todas las personas naturales y dem?s personas jur?dicas como s?bditos. La consecuencia de esta interpretaci?n, como ?l mismo se?ala, ser?a que todos los grupos de personas que forman parte de la sociedad civil, no podr?an aspirar a otro status jur?dico que el resultante de contratos entre individuos privados, a menos que el propio Estado les "conceda" un status jur?dico distinto. Aunque tal concepci?n tiene un origen preciso en la Revoluci?n Francesa, se extendi? a varios otros pa?ses y sus ecos llegan realmente hasta nuestros d?as si se observa la discusi?n p?blica en varios pa?ses o la interpretaci?n jur?dica del principio de subsidiariedad en varios Estados.

Ejemplos emblem?ticos de ello son la legislaci?n y la pol?tica respecto al matrimonio y a la familia, los que son considerados crecientemente como una mera realidad de hecho o como una asociaci?n contractual entre privados, como tambi?n la consideraci?n de la escuela como un mero prestador de servicios educacionales que pueden recibir subvenci?n del Estado cuando se considera que es demasiado gravoso que ?ste los preste por s? mismo y prefiere externalizarlos, pero se guarda el derecho de definir el curriculum escolar nacional, de realizar las pruebas relativas al rendimiento escolar o de exigir una acreditaci?n externa a los establecimientos educacionales. La tendencia de la sociedad actual a organizar todas sus actividades en sistemas funcionales orientados a la obtenci?n de resultados y evaluados por su productividad y rendimiento tiende a desconocer la realidad de las sociedades y grupos humanos intermedios, especialmente, el aporte que ellos realizan al bien com?n con su propia sociabilidad.

Juan Pablo II acu?? la expresi?n "subjetividad de la sociedad" (CA n.13) para definir la contribuci?n que hacen los grupos de personas y asociaciones intermedias al bien com?n de la sociedad y al desarrollo de su cultura. Con ello pareciera que quer?a indicar que la referencia indispensable que la sociedad debe prestar a la dignidad de la persona humana no s?lo se expresa en t?rminos individuales, sino tambi?n en la experiencia de sociabilidad comunional que realiza la vocaci?n de los seres humanos a ser personas, comenzando ciertamente por las familias. Tambi?n habl? de la necesidad de desarrollar una aut?ntica "ecolog?a humana" o "ecolog?a social" (CA n.38) para preservar la dignidad y la calidad de la vida de la sociedad en el contexto de la solidaridad intergeneracional que da sustentabilidad al desarrollo social en el mediano y largo plazo. Es decir, se trata de aspectos esenciales de la responsabilidad pol?tica para la construcci?n de un orden justo y que ata?en no s?lo a los actores pol?ticos propiamente tales, sino que a la sociedad en su conjunto.

El actual proceso de globalizaci?n, que ha puesto de manifiesto que los v?nculos sociales trascienden las fronteras jurisdiccionales de los Estados, ha contribuido tambi?n a mostrar la importancia creciente de la sociedad civil y de sus organizaciones en la b?squeda del bien com?n y de la paz social. Aunque el nombre con que se les designa actualmente, "tercer sector", para diferenciarlas del sector p?blico y del sector privado, no parece el m?s afortunado, puesto que nada dice del valor moral que representa su propia experiencia de sociabilidad, existe, sin embargo, la conciencia de que estas organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro tienen un lugar insustituible en la gobernabilidad de la sociedad y en la m?s justa distribuci?n de los bienes y de las oportunidades para el desarrollo de los diferentes sectores sociales. Y aunque ellas mismas operan con gran eficiencia, su renuncia al lucro y la incorporaci?n del trabajo voluntario no remunerado recuerdan a la sociedad que la eficiencia no puede constituirse en el valor supremo de la vida social, sino que debe subordinarse al valor m?s alto de la dignidad humana y del orden justo que ella reclama. El gran desaf?o de la pol?tica pareciera ser, a este respecto, que deje de ser autorreferente en cuanto a la conquista y mantenci?n del poder pol?tico para ponerse al servicio de las personas y de aquellas asociaciones que contribuyen a su perfecci?n.

Orden jur?dico y orden pol?tico

Dice el Compendio de la DSI: "Considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad pol?tica significa trabajar, ante todo, por el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante la tutela y la promoci?n de los derechos fundamentales e inalienables del hombre". Y citando a Juan XXIII agrega: "En la ?poca actual se considera que el bien com?n consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana" (n.388). Los derechos y deberes de las personas e instituciones encuentran su expresi?n m?s transparente en el orden jur?dico. Por ello, la DSI ha considerado tradicionalmente el orden jur?dico y el orden pol?tico como inseparables, aunque ha reconocido tambi?n que el orden jur?dico por s? mismo no es suficiente para producir una convivencia humana digna y pac?fica, si no existe simult?neamente y como fundamento la amistad civil y, en ?ltimo t?rmino, la caridad fraterna.

No obstante que la mayor parte de los Estados, despu?s de la tr?gica experiencia de la segunda guerra mundial y del holocausto, han incorporado los derechos humanos a sus fundamentos constitucionales es posible observar en la actualidad un cierto distanciamiento f?ctico entre el orden jur?dico y el sistema pol?tico en variadas direcciones. Por una parte, se da la tendencia a referir todo el ordenamiento jur?dico a la ley positiva, con prescindencia de cualquier referencia a la ley moral natural o a un principio trascendente respecto de la voluntad legislativa. Con ello, se subordina de hecho el orden jur?dico al sustento pol?tico de las mayor?as que gobiernan. Por otra, se da tambi?n con frecuencia el hecho de que los propios agentes del Estado, bajo el pretexto de amenazas excepcionales a la seguridad, act?an al margen de la ley y violando sus preceptos, amparados en una impunidad de hecho. Finalmente, la desregulaci?n jur?dica o su insuficiencia frente al vertiginoso desarrollo de la t?cnica, de la ciencia, de las comunicaciones y, en general, de la eficiente operaci?n de los restantes subsistemas funcionales de la sociedad est? produciendo el fen?meno de que importantes actividades de la vida social encuentren mecanismos de regulaci?n eficaces al margen de la ley, cuya consecuencia no es s?lo la desprotecci?n frente a los derechos b?sicos de las personas, sino tambi?n el desprestigio y la deslegitimaci?n del orden jur?dico como tal. No son pocos los pa?ses entre los cuales el prestigio institucional de los tres poderes del Estado se ubica entre los m?s bajos del ranking de instituciones y, de entre ellos, el poder judicial es el m?s deteriorado, bajo sospechas de arbitrariedad y corrupci?n.

Baste recordar la necesidad que sinti? Juan Pablo II de escribir su enc?clica Evangelium vitae condenando el aborto y la eutanasia, pero recordando, al mismo tiempo, que la comunidad pol?tica tiene el deber de dictar leyes justas, respetando los valores morales que derivan de la verdad misma del ser humano, de la ley moral natural y objetiva, que es punto de referencia normativo para la ley civil. Siguiendo a Santo Tom?s de Aquino recordaba que una ley injusta es inicua y deja de ser ley para transformarse en un acto de violencia (EV n.72). El Papa Benedicto XVI ha recordado en repetidas ocasiones que cuando se pone a Dios entre par?ntesis o se vive y act?a como si no existiese, se deforma tr?gicamente el sentido de la realidad y se abandona el fundamento de la moral. Por ello, afirma que "la raz?n ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ?tica, que deriva de la preponderancia del inter?s y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente". Y agrega enseguida que la doctrina social cat?lica "desea simplemente contribuir a la purificaci?n de la raz?n y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aqu? y ahora, pueda ser reconocido y despu?s puesto tambi?n en pr?ctica" (DCE n.28 a).

Esta ceguera ?tica de la raz?n no es ciertamente un problema exclusivo de la pol?tica. Tambi?n la encontramos en la econom?a, en la ciencia y en tantas otras actividades. Sin embargo, en la pol?tica esta ceguera se vuelve paradigm?tica, puesto que comete injusticia en nombre del orden justo, poniendo la arbitrariedad y la violencia como fundamentos de la convivencia social. La amistad c?vica requiere para poder florecer de la confiabilidad en las personas y en las instituciones, y la autoridad pol?tica m?s que cualquier otra autoridad social puede ayudar a cimentarla como a destruirla. Tal vez en esto radique hoy la m?s importante contribuci?n que la pol?tica hace a la sociedad en su conjunto: darle la credibilidad y transparencia necesarias para que la confianza sea un recurso preferible a la violencia.

Pol?tica y medios de comunicaci?n

La revoluci?n electr?nica de las comunicaciones ha permitido que los medios masivos de comunicaci?n transformen muy sustancialmente el espacio p?blico de la vida social. Penetrando hasta la intimidad de los hogares, los medios han logrado familiarizar a las personas y las familias con los asuntos que ata?en a toda la sociedad y se han hecho, a su vez, portadores de las necesidades sociales hacia las autoridades pol?ticas. El eficiente funcionamiento de la democracia actual ser?a impensable sin la informaci?n transmitida por los medios, especialmente, el desarrollo de una permanente fiscalizaci?n ciudadana de los actos de gobernantes y legisladores. Parte importante de la actividad pol?tica se realiza, en consecuencia, a trav?s de los medios y en los medios, complementando y reforzando, en ocasiones, la acci?n de las instituciones pol?ticas, pero tambi?n, a veces, anticip?ndola y hasta sustituy?ndola, contribuyendo con ello a una cierta desinstitucionalizaci?n de la actividad social, en general, y de la pol?tica, en particular, entre otras razones, por el hecho de que las instituciones no son capaces de trabajar al ritmo impuesto por una comunicaci?n "en tiempo real".

Desde el Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia ha acompa?ado con gran aprecio el desarrollo de los medios de comunicaci?n electr?nica y tambi?n ha hecho uso de ellos para llevar la voz de los pont?fices hasta los confines del mundo. Pero ha manifestado tambi?n la necesidad de un discernimiento y juicio evang?lico sobre los contenidos que se transmiten y sobre su efecto sobre la formaci?n de las conciencias y las relaciones humanas que fomentan o inhiben. Como ha dicho recientemente el Papa en un congreso de universitarios cat?licos dedicados a la formaci?n de comunicadores, "es evidente que en el centro de cualquier reflexi?n seria sobre la naturaleza y la finalidad de las comunicaciones humanas debe estar un compromiso con las cuestiones relativas a la verdad. Un comunicador puede intentar informar, educar, entretener, convencer, consolar, pero el valor final de cualquier comunicaci?n reside en su veracidad". Pero advert?a enseguida que la "pasi?n por la verdad, que tambi?n puede servirse de cierto escepticismo metodol?gico, especialmente en cuestiones de inter?s p?blico, no debe distorsionarse ni convertirse en un cinismo relativista seg?n el cual se rechace o ignore habitualmente cualquier apelaci?n a la verdad y a la belleza".

Tengo la impresi?n que esta advertencia del Papa se aplica de manera especial a los pol?ticos quienes de hecho deben valerse habitualmente de ese "cierto escepticismo metodol?gico" en sus actos de fiscalizaci?n y control de la autoridad pol?tica, como tambi?n cuando reciben peticiones interesadas de grupos de persuasi?n y de presi?n profesionales. Pero tambi?n tienen la tentaci?n de valerse de esta metodolog?a y transformarla en un cierto cinismo relativista de cara a los medios de comunicaci?n con el prop?sito de cautivar audiencias, familiarizarlas con su imagen y acrecentar el caudal de votos. A ello les ayuda la alta credibilidad de que gozan los medios de informaci?n entre la poblaci?n y la actitud de las audiencias que buscan entretenci?n a costa de los foros y de las discusiones acerca de los problemas de las personas, sin que importe, muchas veces, ni la artificialidad de los problemas, ni la veracidad de las imputaciones si ellas ayudan a decidir quienes son ganadores y perdedores. El simulacro y la impostura, el esc?ndalo y hasta las extravagancias pueden tener tambi?n su r?dito si ayudan a llamar la atenci?n de los espectadores y a posicionar una figura p?blica. Aunque se pueda decir, en cierto sentido, que tal problema ha acompa?ado siempre la vida pol?tica de las naciones, los medios lo han potenciado y masificado a niveles antes desconocidos, pues el espacio p?blico ha invadido tambi?n la privacidad de los hogares.

Otro efecto de los medios de comunicaci?n sobre la vida social y pol?tica es la acentuaci?n del corto plazo y del presente en perjuicio del mediano y largo plazo. No se trata ciertamente de un efecto intencionalmente provocado, sino que es consecuencia de la tecnolog?a misma de comunicaci?n en "tiempo real". Las noticias tienen un tiempo de vigencia cada vez m?s corto y se olvidan con rapidez, aunque perduren en el registro. Como son ef?meras, valoran tambi?n lo ef?mero, el instante. La actividad pol?tica, crecientemente dependiente de los medios masivos de comunicaci?n, ha debido adaptarse progresivamente a este mismo criterio de temporalidad. Pero ello ha colaborado a despojar a la actividad pol?tica de su dimensi?n cultural, puesto que esta ?ltima apela a la formaci?n de tradiciones y a su transmisi?n intergeneracional. Pone tambi?n en riesgo la realizaci?n de los valores de la verdad, la libertad y la justicia que son los valores esenciales que la doctrina social de la Iglesia propone para la vida social, puesto que ellos necesitan tiempo para ser comprendidos en profundidad, paciencia y perseverancia para encarnarse y socializarse. La sobrevaloraci?n del instante favorece su sustituci?n por suced?neos y distractores, pudiendo llegar a deformar gravemente la conciencia moral de las naciones.

Pues bien, por las razones antes expuestas parece indispensable ampliar la visi?n sobre la pol?tica m?s all? de los l?mites estrechos que usualmente le ponen los partidos pol?ticos y los procesos electorales. Desde la doctrina social de la Iglesia podemos entender la pol?tica como toda la actividad humana que procura reconocer y realizar el bien com?n de la sociedad, de construir un orden justo, de dar un testimonio de esperanza. Ning?n ?mbito de la vida social se sustrae a esta dimensi?n pol?tica, sino que ella los cruza todos transversalmente: la familia, la cultura, la educaci?n, la ciencia, los medios de comunicaci?n y ciertamente tambi?n, los ?mbitos espec?ficos del gobierno, de la legislaci?n y de la judicatura. Desde la dignidad de cada persona humana, la actividad pol?tica hay que entenderla en su proyecci?n moral y cultural antes que en su dimensi?n tecnol?gica. Cuando la tecnolog?a deja de tener ra?ces profundas en la cultura, se transforma en una tecnocracia ciega a las necesidades humanas. Por ello, el Papa Benedicto XVI nos advierte que "El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a trav?s de estructuras, por muy v?lidas que ?stas sean. Dichas estructuras no s?lo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan ?nicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesi?n libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicci?n; una convicci?n no existe por s? misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo". Y agrega: "Quien promete el mundo mejor que durar?a irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez" (Ss n.24).

Esta es, seg?n me parece, la exigente forma de la caridad a cuyo servicio est? la pol?tica. La doctrina social de la Iglesia ilumina con la luz de la revelaci?n y de la fe el significado de la vida pol?tica como la opci?n de la libertad por el bien de la comunidad, por el bien com?n. Pero esta doctrina ser?a letra muerta si no tuviera testigos cre?bles que la encarnaran en cada una de las diversas y complejas realidades sociales que constituyen a la sociedad globalizada que est? emergiendo. La doctrina surge de la misma experiencia de la Iglesia, de sus comunidades cristianas. El cr?dito o descr?dito de la doctrina social depende, en consecuencia, de la vitalidad, coherencia y creatividad de estas comunidades, de su apertura al Esp?ritu Santo como esp?ritu de la verdad y de la libertad. Asombra, por una parte, ver el crecimiento del voluntariado entre los cristianos en las m?ltiples iniciativas caritativas en medio de la sociedad civil. Se echa de menos, en cambio, una presencia cristiana m?s incisiva en el espacio p?blico, en los are?pagos del pensamiento y de las comunicaciones sociales, en la formaci?n de la opini?n p?blica, en la educaci?n de las nuevas generaciones en el "ethos" cristiano.

El magisterio social de la Iglesia tiene como columna vertebral la prioridad de las personas y su vocaci?n a la santidad. Pero ense?a tambi?n que cada persona es un ser-en-relaci?n, nacido para la comuni?n en la verdad y en la caridad. Necesita, por tanto, de la fortaleza de las familias y de las comunidades de personas donde se aprende qu? significa amar y ser amado. Este primer c?rculo del tejido social se ampl?a ahora considerablemente, por medio de la comunicaci?n, a la divisi?n internacional del trabajo, a la vida pol?tica del Estado, a las relaciones internacionales, a la diversidad de culturas y a la necesidad de una convivencia pac?fica de los pueblos entre s? y de ?stos con la naturaleza. El servicio de la pol?tica se despliega en cada uno de estos niveles, pero es necesario que los distinga y que reconozca a cada uno de ellos su status ontol?gico y su jerarqu?a para que sea posible la construcci?n de un orden justo al servicio de la vocaci?n humana.



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Publicado por mario.web @ 10:15
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